Regulacion del crowfunding Legal Coach

 

Bajo el título de “Anteproyecto de ley de fomento de la financiación empresarial” se ha presentado una propuesta de normativa que en uno de sus aspectos pretende regular la financiación de proyectos a través de plataformas de financiación participativa, o lo que más comúnmente entendemos como plataformas de crowfunding.

Mediante el crowfunding se ponía en relación a emprendedores con particulares o pequeños inversores que ayudaban a financiar el proyecto emprendedor con pequeñas cantidades.

En un primer momento, este sistema fue perfecto para financiar proyectos concretos de entidades sin fines lucrativos, de hecho, ha sido un sistema recurrente para muchas ONG durante mucho tiempo (no se trata más que de financiar proyectos concretos con aportaciones desinteresadas de los ciudadanos y entidades que querían participar y colaborar en que se pudiera llevar a cabo dicho proyecto).

Con el tiempo, (y con la crisis, con la falta de acceso al dinero de los canales de financiación tradicionales) este tipo de sistema está sirviendo para poder lanzar proyectos emprendedores.

El procedimiento podía variar:

En ocasiones, el sistema de financiación podía seguir siendo a través de aportaciones o donativos sin otro fin que el de ayudar a sacar a flote el proyecto, si bien, en muchos casos, se han creado plataformas on line que lo que pretenden es conectar a PROMOTORES con INVERSORES, que lo que pretenden es obtener una participación de la empresa a promover.

En estos casos los promotores demandan fondos mediante la emisión de valores o solicitud de préstamos con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento.

Este segundo tipo de inversión tiene dos componentes que han provocado que se promueva su regulación:

Por un lado, son inversiones arriesgadas “per se”, con lo que había que proteger al pequeño inversionista sin muchos conocimientos, de modo que, por un lado tenga la información adecuada, y por otro, que su inversión no suponga un desequilibrio para su economía, en general doméstica en estos casos.

Por otra parte, era un verdadero “mercado sin regular” y que escapaba a la actuación de la mayoría de los estados, con todo lo que eso conlleva.

El proyecto de ley prevé regular este segundo tipo de inversión, dejando a un lado las aportaciones que no tienen como objeto la inversión en sí mismas.

De esa forma, se establecen límites a las inversiones (3.000 euros por inversor y proyecto, o 6.000 euros por inversor y plataforma al año).

Del mismo modo, se establecen límites máximos a los importes que se pueden captar por proyecto, que no podrán ser superiores al millón de euros (1.000.000 €).

Por otra parte, se establecen determinados criterios sobre los que se regirán las plataformas de inversión participativa, tanto en lo relativo a límites, como en la información que han de prestar, dirigida a dotar de los datos necesarios para que el inversor pueda informarse de las condiciones por la que ha de regirse la inversión en cada proyecto y de la plataforma.

Álvaro Orts Ferrer // Legal Coach

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Categories: Artículos, Noticias

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