LOS MOTORES DE BÚSQUEDA DE GOOGLE INCUMPLEN LA NORMATIVA EUROPEA DE PROTECCIÓN DE DATOS

 La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE establece que los motores de búsqueda, como el de Google, constituyen un tratamiento de datos personales, y es responsable el propio motor, es decir la empresa titular de la actividad.

 De esta manera, el TJUE viene a respaldar la postura de la Agencia de Protección de Datos en España, por resoluciones que afectaban a Google y que han llegado hasta la Audiencia Nacional.

 Son cientos las denuncias y reclamaciones de los usuarios de Google en España ante la Agencia de Protección de Datos invocando que se han vulnerado sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación de los datos que aparecen de ellos en Google.

 En definitiva, se trata de un DERECHO AL OLVIDO en toda regla, ya que, solicitar que determinados datos que carecen de interés público o informativo desaparezcan de los motores de búsqueda significa eso, un derecho al olvido.

 El derecho a que se cancelen los datos (art 16 LOPD y 23 y siguientes de su reglamento de desarrollo) en este caso implica que dichos datos dejen de aparecer en el motor de búsqueda en cuestión, por lo que, en la práctica, se está facilitando este derecho al olvido.

 Hay quien piensa que este derecho a oponerse y a cancelar estos datos supone un choque frontal a la libertad de expresión y libre difusión de la información, sin embargo:

 En primer lugar, habría que calibrar qué se entiende por dato personal de interés público: En este sentido, la AGPD no se ha echo eco de las reclamaciones de personajes públicos o notorios, precisamente por esta misma razón de la propia notoriedad e interés público de la información que rodea a la persona.

 Otro detalle importante estriba en que en ningún momento se solicita la eliminación del documento digital original o la fuente inicial, sino que se trata de evitar que el motor de búsqueda realice un tratamiento de datos que permita obtener una información en concreto sobre una persona identificada e identificable y sobre la que esta persona ha manifestado su deseo de que no se realice dicho tratamiento.

 Por otra parte, se trata de una empresa extranjera, pero con un establecimiento permanente en España desde el que realiza sus operaciones en este país y utiliza medios radicados en el país.

 En este tipo de casos, el derecho a la protección de los datos personales está por encima de los intereses económicos de la empresa del motor de búsqueda (sea Google o quien sea).

 Esta sentencia tiene efectos vinculantes en toda la UE y sirve para unificar el criterio en todo el ámbito de la unión.

 Os facilitamos el enlace al texto de la misma:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=269208

 A partir de ahora, la empresa se enfrenta a gran número de resoluciones contrarias a sus intereses y que amparan los derechos de los particulares afectados, lo que puede derivar en una serie de imposiciones de multas, indemnizaciones que aún pueden multiplicarse de forma considerable desde el momento en que esta sentencia se haga del dominio público.

 Recordemos que la LOPD contempla el derecho a solicitar ser indemnizado en el caso de que la vulneración de los derechos en materia de protección de datos personales haya causado un perjuicio al particular.

 Parece claro que en muchos casos se podrá invocar dicho perjuicio.

Álvaro Orts // Legal Coach

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